La autoridad francesa de protección de datos no prohíbe la supervisión remota de los exámenes en línea: pide proporcionarla a lo que está en juego en la prueba, prever una alternativa presencial y descartar el análisis automático del comportamiento. Lectura guiada de la délibération n° 2023-058 del 8 de junio de 2023, artículo por artículo, con los números de párrafo para verificar cada afirmación.
La CNIL — la autoridad francesa de protección de datos — no prohíbe la supervisión remota de los exámenes en línea. Pide tres cosas: proporcionar el dispositivo a lo que realmente está en juego en la prueba, prever una alternativa presencial siempre que sea posible y renunciar al análisis automático del comportamiento de los candidatos. El resto — base jurídica, plazos de conservación, cifrado, registro de accesos — se deriva del RGPD y no tiene nada de específico de los exámenes.
Eso es lo que dice la délibération n° 2023-058 del 8 de junio de 2023, publicada en el Journal officiel francés n.º 0203 del 2 de septiembre de 2023 (texto n.º 63). Consta de seis artículos y cincuenta y siete párrafos numerados, y es hoy el texto de referencia en Francia sobre la materia. Este artículo la recorre en orden y cita los números de párrafo para que puedas verificar cada afirmación en el texto publicado por la CNIL.
Una aclaración de vocabulario: los términos franceses se conservan tal cual. Una délibération es una decisión formal de la CNIL, y télésurveillance es la palabra francesa para la supervisión remota. El texto no tiene versión oficial en español, así que citarlo significa citar el francés.
La CNIL parte de una constatación: desde la crisis sanitaria, las instituciones francesas de enseñanza superior, públicas y privadas, recurren mucho más a los exámenes a distancia en formato digital (§ 1). La posibilidad no es nueva — el artículo D. 611-12 del código de la educación la regula desde 2017 e impone tres garantías: comprobar que el candidato dispone de los medios técnicos necesarios, verificar su identidad y vigilar la prueba respetando las reglas aplicables a los exámenes (§ 2).
El texto no es un reglamento. Es una recomendación que recuerda las obligaciones derivadas del RGPD y fomenta las buenas prácticas frente a herramientas que la CNIL califica de intrusivas «por naturaleza» (§ 3), adoptada tras una consulta pública de la que da cuenta el § 37. Su alcance es amplio: cubre la supervisión remota de exámenes en línea «para todo tipo de examen o certificación, organizado por una institución pública o un organismo privado» (§ 9). Un organismo de formación privado queda incluido igual que una universidad.
Dos observaciones preliminares merecen leerse antes de elegir cualquier herramienta. Primera: el examen a distancia hace desaparecer la nivelación de las condiciones materiales que garantiza la presencia física en una sala, puede penalizar a quienes viven en zonas sin cobertura o no disponen de una habitación tranquila ni de una computadora suficientemente potente, y la CNIL pide que la supervisión remota esté «exenta de todo sesgo discriminatorio en cuanto al origen de los estudiantes afectados», con atención particular a las personas con discapacidad (§ 4). Segunda: la supervisión remota lleva a vigilar «un terminal informático privado, dentro de un local privado», y sigue siendo «necesariamente imperfecta», aunque solo sea porque no puede cubrir toda la habitación (§ 5).
Es el artículo más largo y el que más se salta. Casi no habla de tecnología.
La institución que decide recurrir a una solución de supervisión remota es el responsable del tratamiento (§ 10). No es un trámite: le corresponde utilizar soluciones probadas y reputadas como seguras, probar los dispositivos antes de la prueba en los casos degradados — poco ancho de banda, pérdida temporal de conexión, compatibilidad con los terminales y sistemas operativos de los candidatos — y acercarse a su delegado de protección de datos para verificar la conformidad del dispositivo (§ 10 y § 11). El editor de la plataforma es encargado del tratamiento (§ 17, § 51). Ninguna casilla marcada en un programa transfiere esa responsabilidad.
El § 12 enumera los principios que hay que tener en cuenta: obligación de información, derechos de las personas y en particular el derecho de acceso, finalidades determinadas, minimización de los datos, seguridad y confidencialidad, proporcionalidad y pertinencia, limitación del plazo de conservación y limitación de las transferencias fuera de la Unión Europea.
Después se formulan tres exigencias con una franqueza poco habitual:
El artículo se cierra con una frase que reencuadra todo el debate: estas herramientas «no tienen vocación de ser más eficaces que una vigilancia de exámenes presencial, ni siquiera de garantizar un nivel de vigilancia equivalente» (§ 21). La CNIL recuerda además que existen modalidades que permiten acreditar competencias a distancia sin ninguna supervisión — un trabajo de fin de estudios, una defensa de proyecto — o limitar su carácter intrusivo: examen oral, examen a libro abierto, prueba en locales dedicados (§ 7).
Las bases jurídicas se determinan conforme al artículo 6 del RGPD (§ 22). La CNIL señala dos como apropiadas:
Las demás «parecen menos apropiadas» (§ 25). El consentimiento exige una alternativa presencial sin consecuencias negativas y la posibilidad de retirarlo, es decir, de cambiar de opinión. El interés legítimo implica un derecho de oposición, «difícil de gestionar en el marco de la organización de un examen». Para un organismo de certificación privado, el contrato suele ser por tanto la vía practicable — pero se prepara en las condiciones de matrícula, no la víspera de la prueba.
Es la parte del texto que se traduce de forma más directa en frases que alguien tiene que escribir: en un reglamento de exámenes, en unas condiciones de matrícula, en una cláusula informativa.
El consentimiento no es la base jurídica del dispositivo. Una casilla «acepto la herramienta de vigilancia» marcada al arrancar la prueba no fundamenta nada: en ese momento el candidato ya no tiene elección, y un consentimiento que no es libre no es un consentimiento. Lo que fundamenta el tratamiento es la misión de interés público (§ 23) o el contrato cuyas modalidades están fijadas y son conocidas antes de la matrícula (§ 24). La redacción va detrás: «se informa al candidato de que la prueba se supervisa a distancia con las siguientes modalidades…», y no «el candidato acepta». La información sigue siendo obligatoria, íntegra, en virtud del artículo 13 del RGPD, y las modalidades deben recordarse antes de la conexión a la plataforma (§ 29): lo que recoges entonces es un acuse de información, no un consentimiento.
La alternativa presencial no se exige en todas partes. Debe ofrecerse «sistemáticamente» (§ 19), pero la propia CNIL prevé el caso de las instituciones cuya organización se apoya exclusivamente en la distancia: entonces la alternativa no es obligatoria, siempre que las modalidades sean conocidas por los candidatos desde su matrícula (§ 20). Un organismo de formación totalmente a distancia no tiene que abrir un aula de examen; tiene que escribir sus modalidades en el sitio adecuado y con suficiente antelación. A falta de alternativa y de ese supuesto, la ausencia debe justificarse y documentarse (§ 31).
Sigue haciendo falta una vía alternativa, caso por caso. Tener una base jurídica no exime de nada: un candidato puede invocar su situación particular —vivienda compartida, discapacidad, equipo inadecuado, conexión inestable— y, cuando el tratamiento se apoya en la misión de interés público, ejercer el derecho de oposición del artículo 21 del RGPD. El reglamento de exámenes gana con prever la respuesta antes que la pregunta: otra franja horaria, otro lugar, otra forma de prueba o una prueba sin supervisión cuando lo que está en juego lo permite (§ 7). Es también lo que pide el § 4, que exige un dispositivo «exento de todo sesgo discriminatorio» y atento a las personas con discapacidad.
El artículo 82 de la ley francesa «Informatique et Libertés» — la transposición nacional de las reglas sobre el equipo terminal — impone recabar el consentimiento para las operaciones de lectura y escritura en el equipo del usuario, salvo cuando son estrictamente necesarias para prestar un servicio solicitado por el propio usuario (§ 26); las redes no accesibles al público — intranets, extranets sobre VPN — en principio no están sujetas a ese artículo (§ 27). La conclusión de la CNIL es pragmática: recabar el consentimiento al comienzo del examen «parece difícilmente compatible» con una prueba que no puede celebrarse sin vigilancia (§ 29), de modo que las operaciones de lectura y escritura en el terminal del candidato que pide acceder al servicio pueden considerarse estrictamente necesarias para prestarlo (§ 30) — siempre que las modalidades de supervisión y la naturaleza de los datos recogidos se hayan recordado antes de la conexión a la plataforma (§ 29).
Es el núcleo del texto y la parte que distingue un dispositivo defendible de otro que no lo es.
El análisis debe hacerse globalmente y no medida por medida (§ 33). De ahí dos corolarios: un dispositivo que no previene eficazmente el fraude es «por naturaleza desproporcionado», y si no puede encontrarse un justo equilibrio entre eficacia e intrusividad, hay que plantearse el presencial u otra forma de examen. La CNIL recuerda de paso que el diseño de la prueba — redacción o preguntas de respuesta corta, preguntas idénticas o no, tiempo concedido por pregunta — forma parte de las palancas contra el fraude.
La elección de las herramientas se aprecia «a la luz del contexto y de lo que está en juego en la prueba» (§ 34). Una vigilancia reforzada parece apropiada para un concurso de ingreso a una escuela; en cambio, una prueba de escasa importancia, «como un examen de prueba, debería realizarse sin supervisión remota».
Dos obligaciones de método enmarcan ese análisis: asociar, si es posible, a los responsables pedagógicos, a los representantes de los estudiantes y al delegado de protección de datos, y probar los dispositivos antes del examen sobre una muestra representativa del material de los candidatos (§ 31); y realizar, con el delegado de protección de datos y antes de la puesta en marcha, una evaluación de impacto — la AIPD francesa —, «salvo que el dispositivo utilizado no genere riesgos elevados para los derechos y libertades de los estudiantes» (§ 32).
Para los exámenes que requieren una supervisión reforzada, el § 35 enumera las modalidades que «parecen proporcionadas»:
La lista es útil en la práctica: es la rejilla con la que comparar una oferta comercial, función por función.
El análisis automático del comportamiento — las palabras exactas del § 37 — es el punto donde el texto es más tajante. La CNIL distingue el análisis automático del entorno del candidato — un nivel sonoro anormal, la presencia de una tercera persona — del análisis automático de su comportamiento — frecuencia de tecleo, dirección de la mirada, emociones (§ 36).
Sobre el segundo la conclusión es explícita: estos dispositivos son especialmente intrusivos, los trabajos y la consulta de la CNIL revelaron «un riesgo elevado de falsos positivos», y los estudiantes pueden acabar concentrados en adoptar un comportamiento «normal» ante la herramienta en lugar de en el examen. «Por consiguiente, atendiendo al principio de necesidad y de proporcionalidad, la CNIL recomienda no recurrir a dispositivos de supervisión remota que realicen análisis automáticos del comportamiento de los candidatos» (§ 37).
El análisis del entorno, en cambio, parece «más fiable y menos intrusivo» y puede plantearse caso por caso, cuando el número de candidatos es elevado y el dispositivo es suficientemente fiable (§ 38). Con un límite absoluto: esos dispositivos «no deben conducir nunca a una decisión automática con efecto inmediato para el candidato». Su único papel es llamar la atención de un supervisor; conforme al artículo 22 del RGPD, una verificación humana debe preceder sistemáticamente a cualquier decisión. El ejemplo es elocuente: un examen no debería interrumpirse por la sola detección automática de un nivel sonoro anormal, aunque puede ser proporcionado avisar a un supervisor y ofrecerle volver a escuchar ese momento (§ 40).
Dos puntos suelen pasarse por alto. La recogida incidental: las instituciones deben advertir a los estudiantes de que el dispositivo puede captar datos de sus allegados o de su entorno, y aconsejarles aislarse en una habitación tranquila y neutra (§ 41). Y los programas dedicados: pueden no generar ninguna recogida adicional — la CNIL habla de «privacy by design» —, pero el responsable del tratamiento debe comprobar que no crean un trato desigual según el material del estudiante y garantizar que el editor no reutilice los datos (§ 50).
Verificar la identidad de los candidatos es una obligación (§ 42). La CNIL cita en primer lugar el cotejo documental realizado por un supervisor durante una videollamada; una verificación automatizada que compare un documento de identidad con el rostro del candidato «puede a veces estar justificada, en particular si el número de estudiantes es muy elevado» (§ 43).
Ese segundo dispositivo trata datos biométricos en el sentido del artículo 9 del RGPD. Exige por tanto el consentimiento de las personas, con una alternativa disponible, o un motivo de interés público importante estrictamente regulado por una norma y que permita la intervención humana (§ 44). A ello se añaden cuatro condiciones acumulativas (§ 45): una sola verificación de identidad, un número de candidatos muy elevado dada la naturaleza de la prueba, una alternativa siempre disponible y una información previa precisa sobre la recogida del consentimiento. Por último, estos dispositivos no deben «en ningún caso» dar lugar a bases de plantillas biométricas, ni en las instituciones ni en los proveedores de supervisión (§ 46), y no deben servir a ninguna otra finalidad (§ 47).
La recomendación no fija un plazo único. Pide al responsable del tratamiento que defina, antes de la puesta en marcha, las condiciones de acceso a los datos y su plazo de conservación o los criterios que permitan determinarlo, en función del tipo de información y de la finalidad (§ 48). Solo se cifra una referencia: en caso de sospecha de fraude, la conservación «no debería exceder los plazos legales de los procedimientos disciplinarios o contenciosos que pudieran iniciarse, que son en principio de dos meses» (§ 49). Ese punto de referencia hay que confrontarlo con los plazos de recurso de tu propio reglamento de exámenes.
El artículo 5 cabe en un párrafo: recurrir a encargados del tratamiento, en particular extranjeros, puede implicar una transferencia fuera de la Unión Europea, que solo es posible si se garantiza un nivel de protección suficiente, encuadrado con los instrumentos jurídicos que prevé la normativa (§ 51).
El artículo 6 es una lista de medidas concretas, apoyada en el artículo 32 del RGPD (§ 52):
Si solo te quedas con una página, quédate con las preguntas que tu expediente debe poder responder, con el párrafo correspondiente:
| Pregunta | Ref. |
|---|---|
| ¿Justifica esta prueba una supervisión remota, o bastaría otra modalidad? | § 7, § 15, § 34 |
| ¿Se ofrece una alternativa presencial? Si no, ¿por qué motivo? | § 19, § 20 |
| ¿Se comunicaron las modalidades a los estudiantes con suficiente antelación? | § 13, § 14 |
| ¿Sobre qué base jurídica: misión de interés público o contrato? | § 23, § 24 |
| ¿La cláusula informativa dice que al candidato se le informa, y no que acepta? | § 25, § 29 |
| ¿Se hizo el análisis de proporcionalidad globalmente, con el DPD y los representantes de los estudiantes? | § 31, § 33 |
| ¿Se realizó una evaluación de impacto, o se documentó la ausencia de riesgo elevado? | § 32 |
| ¿El dispositivo analiza el comportamiento de los candidatos? | § 37 |
| ¿Una verificación humana precede a toda decisión derivada de una alerta automática? | § 38 |
| ¿Se fijaron los plazos de conservación antes de la puesta en marcha? | § 48, § 49 |
| ¿Están implantados el cifrado, la restricción de accesos y el registro? | § 53 a § 56 |
Hemos construido nuestro dispositivo de supervisión de las pruebas alineándonos con este texto, y nuestra posición se resume en tres decisiones asumidas.
Ningún análisis automático del comportamiento: ni dirección de la mirada, ni detección de emociones, ni dinámica de tecleo. Esas tecnologías no existen en el producto, ni siquiera como opción — es el § 37 aplicado al pie de la letra. Lo que detectamos tiene que ver con la actividad dentro de la prueba: salida de la pantalla completa, paso a otra aplicación, copiar y pegar, presencia de una segunda pantalla.
La verificación de identidad, en el producto estándar —planes Mini, Pro y Max—, es un cotejo documental: el participante fotografía su documento de identidad y su rostro, el examinador los compara a ojo y decide. Es la primera modalidad que cita el § 43, y ahí no se calcula ni se almacena ninguna plantilla biométrica (§ 46). En el plan Organización, una validación automatizada de identidad puede desplegarse bajo cotización, mediante un proveedor especializado: desactivada por defecto, nunca se activa sin una decisión explícita de la organización, se limita a establecer la identidad del candidato —antes de la prueba o, como opción, después— y nunca sirve para vigilarlo durante la prueba (§ 47). Trata entonces datos biométricos en el sentido del artículo 9, y corresponde al responsable del tratamiento comprobar que se cumplen las condiciones acumulativas del § 45. No empujamos ni hacia una ni hacia otra: la elección es tuya, nosotros configuramos la que hayas decidido, y nuestra página de seguridad detalla sus condiciones.
Ninguna decisión automática: la puntuación de riesgo de fraude se calcula a partir de los eventos detectados durante la prueba, y de nada más, y no es un veredicto. No cierra ningún examen, no señala a nadie en tu lugar y no constituye un medio de prueba: son indicios que hay que instruir. El examinador abre el informe de integridad, lee ahí los eventos con su marca de tiempo y decide él mismo — la verificación humana que exige el § 38 remitiendo al artículo 22 del RGPD.
Un desfase, por último, que preferimos escribir antes que callar. La primera de las cuatro modalidades del § 35 describe una supervisión en directo sin conservación de los datos, salvo sospecha de fraude; aquí la revisión de un pasaje señalado ocurre después de la prueba y no durante ella, así que las grabaciones de cámara web y micrófono se conservan tres meses por defecto, en todos los planes. En el plan Organización, ese plazo puede fijarlo la organización responsable del tratamiento, que lo elige proporcionado a lo que está en juego en la prueba y lo pone en conocimiento de los candidatos: es el § 48 tomado al pie de la letra, los plazos se fijan antes de la puesta en marcha. Las capturas de pantalla, en cambio, van unidas a la entrega del candidato: siguen el plazo de conservación de las entregas, fijado por la institución examinadora, y se eliminan junto con ellas. Y cuando hay un procedimiento disciplinario o contencioso en curso, puedes pedir el bloqueo de las grabaciones del expediente afectado: se conservan entonces hasta el final del procedimiento, sin modificación ni supresión (§ 49, § 55). La petición debe formularse antes de la fecha de supresión.
El detalle de estos compromisos — incluido lo que no tenemos, ni SOC 2 ni ISO 27001 a nuestro propio nombre — está en nuestra página de seguridad, con una tabla que enfrenta cada recomendación de la CNIL con lo que hace Evalmee. El régimen de conservación, el reparto de papeles y la lista de subencargados figuran en nuestra política de privacidad, nuestras condiciones y nuestro acuerdo de encargo del tratamiento, actualizados el 4 de septiembre de 2026. Como responsable del tratamiento, te corresponde comprobar que el plazo elegido se corresponde con los plazos de recurso de tu propio reglamento de exámenes.
Una lectura, no un asesoramiento jurídico. Los párrafos citados remiten a la numeración del texto publicado por la CNIL, pero la interpretación es nuestra y no compromete a la CNIL. Como responsable del tratamiento, te corresponde realizar tu propio análisis con tu delegado de protección de datos y, en su caso, la evaluación de impacto prevista en el § 32.
Una última observación, porque está en el texto y casi nunca se cita: la CNIL escribe que estas herramientas no tienen vocación de ser más eficaces que una vigilancia presencial (§ 21). El dispositivo más conforme no es, por tanto, el más completo, sino el que sigue siendo defendible ante un estudiante que pregunte por qué estaba encendida su cámara.
No. La délibération n° 2023-058 es una recomendación, no una prohibición. Pide proporcionar el dispositivo a lo que está en juego en la prueba, prever una alternativa presencial siempre que sea posible y descartar el análisis automático del comportamiento de los candidatos.
La institución u organismo que decide recurrir a una solución de supervisión remota es el responsable del tratamiento, según el párrafo 10 de la recomendación. El editor de la plataforma actúa como encargado del tratamiento (§ 17, § 51). El análisis previo y, en su caso, la evaluación de impacto corresponden por tanto a la institución.
El párrafo 32 pide al responsable del tratamiento que realice un análisis de impacto relativo a la protección de los datos, junto con su delegado de protección de datos y antes de poner en marcha el tratamiento, salvo que el dispositivo utilizado no genere riesgos elevados para los derechos y libertades de los estudiantes.
El párrafo 9 indica que la recomendación cubre la supervisión remota de exámenes en línea para todo tipo de examen o certificación organizado por una institución pública o un organismo privado. Una délibération que adopta una recomendación es la doctrina de la autoridad francesa, no una norma vinculante: es la pauta con la que la CNIL leerá un dispositivo desplegado en Francia si algún día lo controla, y su razonamiento sirve de referencia allí donde se aplica el RGPD.
La CNIL sitúa el consentimiento entre las bases jurídicas que considera menos apropiadas (§ 25): recabado al inicio de la prueba, no es libre, porque el candidato ya no puede renunciar al examen. Las dos bases que cita como apropiadas son la misión de interés público (§ 23) y el contrato cuyas modalidades de examen se conocen antes de la matrícula (§ 24). El deber de información del artículo 13 del RGPD sigue intacto, y las modalidades deben recordarse antes de la conexión a la plataforma (§ 29): al candidato se le informa, no se le pide que acepte.
La CNIL cita en primer lugar el cotejo documental realizado por un supervisor durante una videollamada. Una verificación automatizada que compare el rostro del candidato con un documento de identidad trata datos biométricos en el sentido del artículo 9 del RGPD: exige una base específica y las cuatro condiciones acumulativas del párrafo 45. El párrafo 46 proscribe además la constitución de cualquier base de plantillas biométricas.
La recomendación no fija un plazo único: el párrafo 48 pide al responsable del tratamiento que defina los plazos antes de la puesta en marcha. En caso de sospecha de fraude, el párrafo 49 precisa que la conservación no debería exceder los plazos legales de los procedimientos disciplinarios o contenciosos, que son en principio de dos meses.
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